El tema de la posible intervención de la prensa lanzado por un candidato a la presidencia del Perú en un eventual gobierno suyo ha hecho que la sociedad tome conciencia de la importancia que tiene en el país la existencia de medios de comunicación independientes. Diversos sectores de la sociedad se han manifestado al respecto, los candidatos han expresado su postura, la Asociación de Radio y Televisión ha emitido un comunicado en defensa de la libertad de expresión, la Asociación Nacional de periodistas del Perú ha emitido un comunicado dirigido a los candidatos a la presidencia del poder ejecutivo y a la representación ante el poder legislativo en la misma línea, y periodistas connotados debaten el impacto de las comunicaciones en una campaña política .
Y en este panorama, lo más frecuente, es ponerse al lado o en contra del candidato que generó la discusión, creemos que es más necesario referirse a ideas claves y claras en torno al significado negativo de la intervención gubernamental en los medios de comunicación, independientemente de quien la sustente.
Estamos en la etapa universalista de la información -después de haber dejado atrás la etapa del poder real, la empresarista y la profesional - es decir la información es el objeto de un derecho humano y la libertad el único modo de ejercitar con sentido ese derecho. En consecuencia la información pertenece al público en el ámbito jurídico y no a los gobernantes de turno.
El interés de ciertos gobiernos en intervenirlos es un fenómeno que tiene muchos años de historia y el objetivo siempre ha sido evitar la fiscalización de los medios de comunicación y beneficiarse ilegítimamente de su uso. Esto no es sano para la sociedad que necesita pluralidad y equilibrio informativo y no monopolio estatal, ni de otro estilo.
Es más, a los gobiernos les interesa contar con medios de comunicación independientes que le informen de la realidad. Si no hay libertad nadie informará de las desazones que existen en la sociedad y no tendrá en consecuencia la posibilidad y capacidad de solucionar oportuna y eficazmente los problemas que pueden obstaculizar su crecimiento. Por supuesto, estamos pensando en gobiernos bien intencionados; los peruanos ya conocemos las consecuencias de los que censuran, corrompen y silencian. La buena imagen de los gobernantes no se cultiva porque los medios los alaban, sino porque hay coherencia entre su actuación y la búsqueda del bien de la comunidad que rige.
El papel del Estado en el ámbito informativo es concreto: Garantizar y respetar la libertad de información, el Acceso a la Información Pública, asumir que los gobernantes están sujetos al control social y que los medios cumplen ese papel como mediadores entre el Estado y la ciudadanía y mantener una relación abierta con los medios, sin connivencias , ni condicionamiento. Como se aprecia ésta no es una relación de amistad: los medios tienen la obligación de fiscalizarlo y al Gobierno le interesan medios independientes que le informen de la realidad.
Sabemos que la sociedad tiene una percepción poco favorable de la labor profesional de los periodistas. La respuesta a la pregunta ¿cómo califica Ud. la labor de los medios en la campaña electoral? en un sondeo realizado por el diario El Comercio en su edición on-line , el 28 de marzo, es contundente: el 79.5 % de los 5409 participantes consideraba que la labor era de regular a pésima y sólo un 20.5% la apreciaba de buena a excelente.
El público no está descalificando a los medios sin más, sino que con esas cifras está afirmando que espera más de los medios. Pensamos que la Ética y la autorregulación son los elementos más idóneos para responder a esa presión legítima de la sociedad para que los medios de comunicación sean mejores. La participación de los ciudadanos en las decisiones que afectan al buen gobierno y a la buena ordenación de la res (asuntos) pública, exige un conocimiento adecuado de la realidad, y una información veraz que les permita obrar y decidir en libertad.
Los medios de comunicación peruanos tienen un desafío ético. Debemos escuchar a la audiencia y como afirma Soria, si las empresas informativas son lo que deben ser – cumplen sus fines –, cualquier intromisión de los poderes públicos en este terreno podría calificarse como antidemocrática, sin paliativo alguno. En resumen, la actitud ética de las empresas informativas deslegitimará cualquier intromisión estatal.
Rosa Zeta de Pozo
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