El diálogo no se improvisa.

Como si se tratase de una herramienta mágica, el diálogo es el mecanismo más citado para resolver el problema de los enfrentamientos entre las comunidades campesinas y las empresas mineras en el norte del Perú. Sin embargo, es importante saber el porqué el diálogo es un mecanismo eficaz, si se aplica de manera oportuna y porqué, ahora, podría estar condenado al fracaso.

Primero, los principales protagonistas del diálogo no se conocen. No tienen ninguna referencia mutua adicional a sus prejuicios, más que las huellas todavía frescas de sus agresiones recíprocas. Esto dificulta el diálogo porque el planteamiento de agredirse física y moralmente, para luego sentarse “de la manito” a conversar obedece a otro tipo de relaciones de la pantalla grande y chica, más no a instituciones y pueblos con legítimos intereses de desarrollo y progreso.

Otro factor importante es que el verdadero árbitro del diálogo, el Estado, es el gran ausente. Para que estas conversaciones prosperen es necesario que haya alguien que medie y presente a los principales actores, sin embargo ello no ha sido así. La autoridad de nuestros principales funcionarios y representantes regionales está muy cuestionada en este tema y el Estado, como institución, no ha conseguido convocar a las principales fuerzas que produjeron los hechos violentos.

Además, no se percibe que el diálogo al que se convoca se vaya a producir en igualdad de condiciones. Los miembros de las comunidades y de las rondas campesinas han percibido con desconfianza extrema la existencia de las distintas mesas técnicas convocadas con antelación por el Gobierno Regional de Piura.

A primera vista esto podría verse como un “patear el tablero”, pero en realidad lo que subsiste en el trasfondo es que los campesinos de la sierra, más conscientes que nosotros de sus limitaciones, saben que no estarían en igualdad de condiciones para discutir con técnicos que podrían rebatir fácilmente todos sus temores. Las ONG’s, los sacerdotes o las instituciones que han intentado representarlos tampoco han conseguido proporcionarles asesoría técnica calificada, que las comunidades identifiquen como afín y la puedan sentar como legítima asesora y representante en las citadas mesas técnicas. Dichas instancias se han parecido más a una “encerrona técnica” antes que a algo que los campesinos puedan respetar.

Por último, la mesa de diálogo más reciente es un mecanismo improvisado que poco tiene que ver con lo que las comunidades esperan como solución. La disponibilidad de algunos representantes de la Iglesia, así como de otras personas e instituciones tiene mucho mérito, pero no puede suplantar al Estado, el verdadero árbitro ausente.